19.11.08 -
El piso quedó destrozado por las inundaciones/ E. C.
LAS PENAS
Los denunciantes del acoso inmobiliario recibieron la noticia de la condena con satisfacción, no por la victoria personal que suponía, sino «por el precedente que sienta», señaló José Ignacio R., dueño del piso de la planta baja de la casa Tangora. «Es muy importante porque evitará que se repitan este tipo de acciones terribles», añadió.
Recalcó que su familia lo ha pasado «muy mal». «No le deseo a nadie que tenga que soportar lo que sufrimos», añadió, durante los 14 meses que la familia de etnia gitana residió en el inmueble. «La sociedad no debe tolerar situaciones de este tipo», comentó José Ignacio.
«Se ha hecho justicia. Es el fin de un camino amargo», opinó Ignacio Imaz, abogado de los denunciantes, las dos familias propietarias de los pisos de la casa solariega. A su juicio, la jueza optó por considerar que se trata de un delito contra la integridad moral porque los hechos eran «monstruosos». «Pasaron la línea de la coacción y entraron en la integridad moral. Era una situación muy dura, no sabes si te van a entrar en casa o se te va a caer el techo, o si te van a robar», comentó.
