El juez Garzón ha decido desistir en su intento de someter el franquismo a una revisión judicial. En una prolija resolución notificada ayer, recién reincorporado a su despacho tras una baja médica, el magistrado archiva la causa penal y deja en manos de los jueces locales el futuro de las fosas comunes. Son ya 61 -19 al inicio de la investigación- cuya apertura fue autorizada por el instructor y paralizada la pasada semana por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que todavía tiene la última palabra en toda esta polémica. Previamente, la Fiscalía había pedido la paralización de la causa al considerar, al igual que varias de las asociaciones de la judicatura, que Garzón no era competente en la materia.

El magistrado se aferra a un tecnicismo legal: un mes después de asumir la competencia para investigar el alzamiento nacional y la posterior dictadura franquista, el juzgado ya ha recibido constancia oficial certificada del fallecimiento del general Franco y los 39 integrantes de sus primeras juntas militares. Asimismo, el Ministerio del Interior le informó días atrás de la composición de todas las cúpulas directivas que tuvo la Falange entre 1937 y 1951, y certificó que ninguno está vivo. Con esa base, el magistrado declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los sospechosos. Sin sumario que dé soporte a la autorización para exhumar los restos enterrados en 61 fosas, el juez se inhibe y deja la decisión última en manos de los correspondientes jueces ordinarios locales, a los que remitirá copia literal de la causa. Pero la última palabra queda en manos del pleno de la Sala de lo Penal, que debe revisar esta decisión y confirmarla o adoptar un criterio nuevo.

En su resolución, Garzón pone en conocimiento del Ministerio de Justicia la creación de un grupo de expertos, de una unidad policial y de un equipo de peritos encargados de localizar los restos de los desaparecidos e identificarlos, a fin de que su trabajo no se solape con otras iniciativas emanadas de la Ley de Memoria Histórica y permita establecer un protocolo de exhumaciones.

Ley de Amnistía

La iniciativa de Garzón parece ser. no obstante, un quiebro para evitar el duro varapalo que le preparaba el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la mayoría de cuyos integrantes no le creen competente para investigar el franquismo. En esa tesitura, Garzón desiste, pero lo hace en una resolución de 152 folios repleta de argumentos que le dan la razón, como el hecho de que durante el franquismo se detuviera ilegalmente miles de personas, un delito cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad, en conexión con un delito contra altos organismos de la nación.

En sus argumentos incorpora, además, algún elemento nuevo, como la resolución del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pide al Estado español la derogación de la Ley de Amnistía para eliminar obstáculos en la persecución de los crímenes franquistas. Pero lo más novedoso de la resolución versa sobre las víctimas que están aún vivas, «personas que durante su primera infancia o preadolescencia» fueron 'sustraídos' de la tutela de sus progenitores durante la guerra o tras la misma, o los 'niños de la guerra' que fueron «recuperados» contra la voluntad de sus padres en el extranjero a través de la Falange. «Miles de personas desde entonces vivieron y, en su caso, viven, sin conocimiento de cual es o fue su identidad real, por lo que los efectos del delito se mantienen incólumes», reza el escrito.

«El Poder Judicial está obligado a investigar esas identidades robadas, porque olvidar esta realidad y poner trabas a la investigación sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito», concluye Garzón.