Granado muestra informes de su departamento en su comparecencia en el Congreso. / EFE
Es imprescindible reformar el sistema público de pensiones para su viabilidad futura pero de manera moderada y jamás traumática, según defendieron ayer, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno y los partidos políticos. La sesión estuvo protagonizada por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien compareció en la comisión del Pacto de Toledo. Desde las filas del PSOE se planteó la conveniencia de reflexionar sobre la duración de la prestación de viudedad, con la pregunta de si su permanencia debe ser vitalicia.
Con la intervención de Granado se abre un nuevo proceso de cambios para las pensiones públicas, que durará meses y que, junto con su efecto financiero, renovará determinadas prestaciones. Así, en la viudedad, el secretario de Estado abogó por «mejorar la situación de las mujeres que perciben esa renta de supervivencia y que están en el umbral de la pobreza». La diputada socialista Isabel López i Chamosa reclamó mayor control, dado que «muchos viudos lo son sólo sobre el papel», en alusión a que tienen pareja y no se casan para no perder la pensión.
Los debates girarán, además, sobre el principio de contributividad porque, a juicio de Granado, es preciso ir a «una mayor equidad entre lo aportado durante la vida laboral y la prestación recibida posteriormente», criterio que no significa necesariamente ampliar a más de 15 años el periodo de cálculo para fijar la pensión. Aseguró que el Gobierno carece de propuestas en este sentido, aunque se encuentra preocupado por los trabajadores con largas y elevadas carreras profesionales expulsados al paro en sus últimos años laborales y sujetos, por tanto, a pensiones bajas.
Incentivos fiscales
Nadie es partidario de retrasar más allá de los 65 años la jubilación ordinaria. Granado informó que, en 2008, el 57,56% de los retiros supera esa edad -en la mayoría de los casos por días o semanas- y que los avances para alargar la edad de abandono real del mercado de trabajo, situado en algo más de los 63 años, son escasos. El portavoz popular, Tomás Burgos, apostó por revisar los incentivos existentes para que los trabajadores se queden en su puesto aunque hayan cumplido los 65 años, a lo que el secretario de Estado respondió que la Seguridad Social carece de medios para conceder más estímulos y animó a los grupos políticos a pactar ventajas fiscales.
El parlamentario del PNV Emilio Olabarria pidió a Granado que en la futura reforma «se atienda de una vez por todas a los colectivos más desprotegidos y vulnerables (viudas y prejubilados)», de forma que «no se pretenda que sean ellos los que paguen la actual situación económica-financiera» por la que se atraviesa.
Por otro lado, el representante del Gobierno explicó en pasillos que la exclusión de los prejubilados de la lista de desempleo se discutirá en el diálogo social. Señaló que este grupo, a diferencia de otros parados, puede rechazar contratos al contar con las indemnizaciones y ayudas recibidas vía despidos, que les permiten llegar a la jubilación sin problemas. «Su estatus es pues más parecido al de un demandante de mejora de empleo, figura más compleja, que a la de un simple demandante de empleo», dijo.
